Los partidos que integran el Frente Ciudadano por México comenzaron a construir una ruta sorprendente para competir con éxito en la contienda presidencial de 2018.

   Aunque la especie se atribuye al triunvirato que integra el Frente Ciudadano por México, lo más probable es que esta construcción política provenga de un sector intelectual no necesariamente orgánico, más cercano al Partido de la Revolución Democrática que a cualquiera de los otros dos entes políticos que componen esa coalición electoral.

   ¿Por qué decimos que se trata de una ruta sorprendente?

   Pues porque propone un modelo político-económico muy distante del que impera en el país en estos momentos, que además incluye la posibilidad de llevar a juicio al presidente si se le comprueban actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

   Construida por un grupo de intelectuales, la plataforma del frente -que será registrada en enero próximo ante el Instituto Nacional Electoral (INE)- prevé la construcción de una tercera vía para desmarcarse del modelo neoliberal, aunque sin capitular del todo.

Por ejemplo, propone la implantación de un modelo económico inspirado en los principios de la economía social de mercado, orientada al crecimiento económico con equidad e inclusión social.

¿Esto es posible?

Sí, lo es, a condición de que se construya también todo un entramado legal que permita sostenerla inclusive en consonancia con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), que los tecnócratas persisten en imponer a los mexicanos a sabiendas de que está causando un daño económico al país, que en algunos años más podría ser irreversible.

Si este modelo de plataforma política se registra en enero con la aprobación de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), entonces estaremos ante una propuesta inédita por su carácter transformador que, sin ser revolucionaria, permitiría la inclusión de amplios sectores de la sociedad a los beneficios integrales de la economía de mercado. Nada más.

   El problema aquí son los propios partidos proponentes, portadores de una fama de corruptos, sucios y voraces que les ha atraído la malquerencia de todos o casi todos los mexicanos. 

Pero si hacemos a un lado esta condición, que no es cosa menor, entonces estaríamos listos para establecer un nuevo modelo político-económico de país que tomaría en cuenta más los intereses mayoritarios que los intereses de facción o de partido. 

De acuerdo con los datos que han podido trascender, el objetivo del proyecto de plataforma política prevé el establecimiento de una política de estado cuyo eje transversal sería el combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación mediante un modelo de economía social de mercado que se caracterice por su inclusión social.

Aunque no detalla el cómo, el proyecto prevé la construcción de una economía de corte social que, en teoría, fortalecería el mercado interno para generar condiciones de una distribución más equitativa de la riqueza. 

Es decir, combatir no sólo la pobreza en abstracto, sino abatir la desigualdad -que es el principal problema económico de los mexicanos- mediante instrumentos como un salario mínimo decente y suficiente, así como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, con el fin de generar condiciones suficientes para dotar de una renta básica universal para la ciudadanía mexicana.

Para alcanzar este propósito, el frente propone la integración de un gabinete federal sancionado por el Congreso, consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y construir un nuevo sistema fiscal que promueva verdaderamente el desarrollo, estimule el ahorro interno así como permita la distribución de la riqueza en forma más equitativa.

Este último principio, la distribución de la riqueza en forma equitativa, es lo que en los hechos caracterizaría una sociedad más equilibrada en todos sentidos, condición que constituye el principio básico de la igualdad, germen de cualquiera de las revoluciones conocidas en los últimos 150 años.

De manera adicional, la plataforma propone eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos de todo el país, dotar de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de un marco garantista a la Fiscalía General de la Nación, que de esta manera actuará con plena autonomía contra los transgresores de la ley, así sean personaje conspicuos del estado mexicano.

A ello habrá que agregar la instauración de un modelo de democracia participativa que incluya entre sus beneficios la rendición de cuentas, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. 

Se ignora si estos preceptos quedarían incluidos en la Constitución de la República, pero si esto no es la instauración de un régimen garantista, mucho se le parece. Estamos, más bien, ante la instauración de un modelo de gobierno parlamentario que, por sí mismo, terminaría con lo que queda del gobierno presidencialista-centralista que ha caracterizado al sistema político mexicano.

Si estas características fundamentales quedan inscritas como van ante el INE, sin duda alguna que quien resulte ser el candidato a la presidencia de la República por el Frente Ciudadano, tendrá una amplia aprobación de las mayorías populares que están dispuestas a expresar su ira contra los abusos y la corruptelas que ejercen los personeros del poder y, peor aún, los junior que vía redes muestran al mundo su poder, su dinero y su cinismo.

Aunque parecieran muy distante de los hechos, esa propuesta constituye una plataforma bien pensada que, sin comprometerse a derogar el TLCAN, ofrece una perspectiva viable para todos los mexicanos, hartos del modelo que cada día nos sepulta bajo una pesada lápida de corrupción y pobreza.

 De concretarse en el registro oficial ante el INE, una plataforma política como esa dejaría en el camino las propuestas carentes de sustento de Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos.